Participación de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España en las nuevas leyes de protección de la Naturaleza y desarrollo rural

  1. Félix Pérez Lorente 1
  2. Francisco Guillén Mondéjar 2
  3. Enrique Díaz Martínez 3
  4. Luis Miguel Nieto Albert 4
  5. Carlos de Santisteban Bové 5
  6. Pedro Muñoz Barco 6
  7. Josep Maria Mata Perelló 7
  1. 1 Dpto. de Química, Univ. de La Rioja, Madre de Dios
  2. 2 Dpto. Química Agrícola, Geología y Edafología, Fac. de Químicas, Univ. de Murcia
  3. 3 Instituto Geológico y Minero de España
    info

    Instituto Geológico y Minero de España

    Madrid, España

    ROR https://ror.org/04cadha73

  4. 4 Dpto. de Geología, Univ. de Jaén
  5. 5 Dpto. de Geología, Univ. de Valencia
  6. 6 Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos, Dirección General de Medio Ambiente
  7. 7 Dpto. de Ingeniería Minera y Recursos Unv. Politécnica de Cataluña
Revista:
Geotemas (Madrid)

ISSN: 1576-5172

Año de publicación: 2008

Título del ejemplar: VII Congreso Geológico de España

Número: 10

Páginas: 1331-1334

Tipo: Artículo

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Resumen

A lo largo del año 2007 el Parlamento español aprobó varias leyes importantes que mencionan de forma explícita el patrimonio geológico y la geodiversidad. Esta es la primera vez en la historia de España en que estos aspectos son considerados en una normativa legal, no sólo la tradicional referencia ambigua al valor estético-paisajístico de morfologías y relieves, sino en referencia directa a los valores intrínsecos y extrínsecos del patrimonio geológico. Se trata de las leyes 5/2007 de la Red de Parques Nacionales, 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España participó en la elaboración de enmiendas a los borradores y proyectos de estas nuevas leyes, informando directamente a los representantes parlamentarios. El reconocimiento de la Sociedad Geológica, y en concreto de esta Comisión, como interlocutor y asesor válido para estos temas por la Administración regional y del Estado, facilitaría una mejor implementación de estas nuevas leyes y su adaptación a la normativa internacional.