A implementação do direito humano a alimentacão adequada no Brasil

Resumen

El presente estudio versa acerca de la implementación del derecho humano a la alimentación adecuada en Brasil. La protección jurídica y la definición de ese derecho están previstos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y documentos oficiales a estos correlatos, verificándose la necesidad de avanzarse relativamente a la utilización de los mecanismos de su exigibilidad y efectivo monitoreo- En este aspecto, la experiencia brasileña es a día de hoy referencia mundial de construcción de políticas públicas bajo el enfoque del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA). Las políticas públicas y el marco legal brasileño tuvieron como factor sustancial la valiosa contribución de la sociedad civil organizada, a comenzar por su papel de resistencia al régimen militar vigente en Brasil hasta el año 1985. Con la apertura democrática y promulgación de la Constitución Federal de 1988, esta postura de resistencia trasmutase en reivindicación de participación relativamente a las políticas públicas estratégicas para la implementación del Estado democrático de Derecho. De esta forma, la presión ejercida por los movimientos sociales, ONGs, etc. fue consolidando la creación de espacios públicos de debates, como el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, otros consejos de derechos, conferencias y eventos que se ocupan del tema. En estos espacios, las políticas públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) fueron construidas de forma participativa por la sociedad civil y el Estado, sobre todo a partir del año 2003, momento en que la voluntad política del Poder Ejecutivo Nacional erigió la seguridad alimentaria y nutricional de la población brasileña a condición de agenda prioritaria. En este escenario, la sociedad civil organizada se apoyó en larga escala de los mecanismos administrativos y políticos de exigibilidad del DHAA, el que culminó en innúmeras políticas públicas, como el Programa Hambre Cero, el Programa Bolsa Familiar, el Programa Nacional de Alimentación Escolar y el Programa de Adquisición de Alimentos. Sin embargo, se verificar que el sistema jurídico no sintió los mismos efectos de esa presión social, con lo cual se reflejó en un descompaso en el sistema de garantías de este derecho. El estudio en cuestión sienta la necesidad de mayor desarrollo de las garantías cuasi judicial y judicial, máxime para asegurarse de la progresividad y el no retroceso de las políticas en vigor en una natural sucesión de gobiernos, ínsita al régimen democrático. Para el perfeccionamiento de estas garantías tornase importante que las víctimas de violación del derecho, en especial las poblaciones en situación de vulnerabilidad encaminen demandas al sistema de justicia y ejerzan presión sobre los responsables para la reparación de las infracciones cometidas a la luz del marco legal y del ordenamiento jurídico existente. 5 Por su conformación constitucional, el Ministerio Público brasileño tiene la atribución de guardián del régimen democrático del derecho, en nivel sustancial, confiriéndole instrumentos para garantizar los derechos fundamentales insculpidos en la Constitución Federal. Se incumbe a la referida institución la defensa de los derechos colectivos, difusos e individuales homogéneos. El Ministerio Público está legitimado para hacer seguimiento y control de las políticas públicas que tiene el objetivo de garantizar el DHAA, bajo el punto de vista de la efectividad en relación a la colectividad lato sensu. Con el fin de armonizar el sistema de mecanismos de exigibilidad administrativo, político, cuasi judicial y judicial y la importancia del ejercicio de la legítima presión de la sociedad civil organizada sobre el sistema de justicia. El modelo de desarrollo en curso, de sesgo neoliberal, con la insuficiente regulación del mercado y su expansión transnacional es indicado como el principal factor de violación del derecho humano a la alimentación adecuada en un mundo en el que se produce alimentos en escala más que suficiente para suplir las necesidades de las poblaciones. La implementación de este derecho en ámbito global y en Brasil no puede prescindir de la ciudadanía y de la combatividad de la sociedad civil.