La libre circulación de los residuos entre los estados miembros de la Unión Europea

Abstract

La normativa comunitaria relativa a la gestión de residuos nació con la intención de armonizar las regulaciones particulares que para proteger el medio ambiente iban adoptando los Estados miembros. De esta forma se evitaban trabas a los intercambios comunitarios y se impedían que se afectaran las condiciones de competencia del mercado europeo. Con el tiempo se ha ido tomando la dirección opuesta. La búsqueda en la Comunidad de un equilibrio entre la libre ciruculación de residuos y sus restricciones por motivos ambientales ha dado lugar a la tendencia a conceder a los Estados miembros mayores márgenes de actuación. Con ello se les perite limitar los movimientos transfronterizos de residuos para dar respuesta a su aspriación de retener o recuperar cierto grado de soberanía en una materia tan sensible. Así hay que entenderlo a la vista de la doctrina de las exigencias imperativas en relación con la protección del medioambiente, de las facultades que el Tratado otorga a los Estados miembros de aplicar medidas de protecicón más estrictas a las de las normas comunitarias de armonización y del Reglamento 259/93. En virtud de éste, por ejemplo, se les faculta para prohibir general o parcialmente los traslados de residuos destinados a la eliminación o para oponerse sistemáticamente a ellos sobre la base de los principios de autosuficiencia y proximidad. Se ha llegado pues a un régimen que encierra una cierta contradicción. Por un lado, responde al objetivo de minimizar los traslados de residuos, mientras que, por otro, deja abierta la posibilidad de que se produzcan diferencias entre las distintas normativas estatales, propiciando una situación de hehco en la que se favorecen dichos traslados. Esta política podría tener efectos negativos tanto en el medio ambiente, en cuando muchos de sus problemas tienen una dimensión transfronteriza, como en la creación del mercado interior, habida cuenta de que afecta al libre cir